Opinión

En la buena dirección

Los ricos empobrecidos

Por José Manuel González Huesa, director de “cermi.es semanal” y director general de Servimedia

02/07/2012

En plena Eurocopa de fútbol, celebrada en junio en Polonia y Ucrania, el seleccionador español, Vicente del Bosque, se atrevió a decir : “Pasamos de pobres a ricos rápido y no valoramos lo que tenemos”. Le faltó pronunciar una segunda parte de la frase: “También hemos pasado de ricos a pobres y ahora no sabemos qué hacer”.

Algo parecido pensarán los gobernantes cuando afrontan los problemas diarios de los españoles y cuando, en este caso, evalúan el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, tras cinco años de su entrada en vigor.

El Gobierno nacional y las comunidades autónomas han organizado unos grupos de trabajo que presentan unas conclusiones basadas en cuatro argumentos: una financiación equilibrada, una distribución equitativa de la oferta territorial, una mayor colaboración entre los sistemas sanitarios y los servicios sociales, y una red de servicios profesionales que haga posible una atención de calidad.

Ahora falta poner todo esto negro sobre blanco con una normativa clara, con criterios comunes en todas las autonomías y con exigencias para todos. Debería mejorarse la calidad de los servicios que se ofrecen a los beneficiarios del sistema, obteniendo similares prestaciones en cualquier parte del territorio nacional y sin que las personas dependientes tengan que pagar “todos los platos rotos”.

Y hay que simplificar y mejorar la gestión, haciéndola más eficaz y objetiva. Estas son las líneas de trabajo que va a coordinar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la idea de “reforzar” el sistema. Veremos las consecuencias.

Un dato, ahora mismo, en nuestro país, hay un total de 32.996 menores de 18 años beneficiarios de una situación de dependencia. De ellos, 1.817 son menores de tres años. Por tanto, se trata de un colectivo, a veces olvidado, que necesita toda la ayuda y la protección del Estado.

El propio Estado y la sociedad tienen la obligación de proteger a las personas que más lo necesitan y ayudarles a su plena integración. En un contexto donde los recursos disponibles son limitados, todos, el Estado, las entidades locales, las familias, las asociaciones y los voluntarios, tienen que coordinarse para obtener los mejores resultados con los recursos disponibles para atender, especialmente, a las personas con discapacidad, las grandes olvidadas de este Sistema.

La realidad se ha quedado lejos de lo previsto en la ley, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, ya que a pesar de la norma, casi no se ha desarrollado y mantiene una “prima de riesgo” con el sector. Como dijo John Fitzgerald Kennedy:

“Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.